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La Inconstitucionalidad de la Ley Jaguar

La Inconstitucionalidad de la Ley Jaguar

Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley No. 24364 denominado “Ley Jaguar Para Impulsar El Desarrollo De Costa Rica”, el cual encuentra justificación en la necesidad de realizar importantes proyectos para el país como lo son Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, entre otros.
Estos proyectos, a criterio del gobierno, han sido frenados debido a “interpretaciones distintas a la letra de la ley” por parte de la Contraloría General de la República, las cuales considera que además de impedir el progreso de provincias históricamente marginadas como lo son Limón, Puntarenas, entre otras, mantienen al Estado en la necesidad de continuar pagando multimillonarias sumas de dinero por concepto de alquileres.
Así las cosas, La Ley Jaguar, busca modificar y/o suprimir una serie de potestades de la Contraloría de modo tal que aquellos proyectos de gran importancia para la administración no se vean retrasados, o en el peor de los casos anulados por actuaciones de control y fiscalización apriorísticas por parte del órgano contralor.
En esta entrega, estaremos realizando un análisis muy breve sobre algunas de las principales propuestas del proyecto, así como algunas observaciones sobre posibles problemas de constitucionalidad que podría enfrentar la norma para llegar a convertirse en ley de la república.
Lo primero que se tiene que decir es que este proyecto, al pretender aminorar, de manera significativa, el ámbito de potestades y atribuciones que constitucional y legalmente han sido asignadas a la Contraloría General de la República, enfrenta un reto importante por contravenir la jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual estableció en el voto 998-1998 que “cualquier reforma o modificación tendrá como especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están dadas por la propia Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5) del artículo 184 constitucional; de manera que el legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, cuando la modificación, en este sentido, resultare contraria a los parámetros y principios constitucionales comentados”.
En este punto, consideramos importante recordar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia de la Sala Constitucional es de obligado acatamiento para todos los habitantes del país, salvo para sí misma, lo que significa que una eventual aprobación de este proyecto de ley, sea por referéndum o mediante el procedimiento parlamentario ordinario, podría acarrear la inconstitucionalidad de la norma por omitir de manera absoluta lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, estimamos que la única manera de lograr cambiar las atribuciones constitucionalmente establecidas al órgano contralor es por medio del procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política, el cual se tendría que desarrollar en estricto apego a las disposiciones estipuladas en el numeral 195 de nuestra Carta Política.
En relación con el contenido de la propuesta, creemos que algunas de estas disposiciones normativas suponen riesgos importantes para la efectiva vigilancia del manejo de los fondos públicos. Por ejemplo, se propone reformar el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, impidiendo a la Contraloría ejercer un control previo sobre las contrataciones o actuaciones de la Administración Pública. En su lugar, sólo sería posible una eventual suspensión mediante la correspondiente orden judicial.
Esta disposición implica el riesgo de que proyectos con posibles actos de corrupción no puedan ser detenidos oportunamente por la autoridad competente; en su lugar, se tendría que recurrir a la vía judicial para obtener medidas cautelares, o, en el peor de los casos, actuar hasta que el daño esté hecho y esperar varios años para obtener una sentencia judicial, la cual no garantiza la recuperación de lo sustraído a las arcas del Estado.
Por otro lado, se propone reformar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública referido a la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, de modo tal que se pueda continuar con el proyecto de Ciudad Gobierno, previamente suspendido por orden del ente contralor por considerar que “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración, siendo lo procedente someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley”. Como era de esperarse, la propuesta busca habilitar la norma para que se ajuste a las necesidades de esta contratación, impidiendo el efectivo control que pueda realizar el ente contralor.
A la luz de las consideraciones anteriores, reconocemos la importancia de materializar estos proyectos vitales para el país. Sin embargo, esto no debe implicar de ningún modo el desmantelamiento tácito de las funciones de la Contraloría General de la República, por la gran importancia que reviste la adecuada vigilancia del uso de los fondos públicos.

Lic. Oscar Andrés López Hernández
Abogado
López & Valverde Abogados

 

Por Noticias Fortuna CR

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