La voz de la justicia

¿Qué pasa si la Administración no responde a mi solicitud?

 

 

Una de las garantías fundamentales más importantes en todo Estado de Derecho, es aquella que le permite al ciudadano tener seguridad, al amparo del Derecho, sobre determinadas cuestiones que son de su interés; en efectos, nos referimos al Principio de Seguridad Jurídica, el cual la Sala Constitucional define en su voto 5969-93 como;

 

“un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública.”

 

Algunos ejemplos de manifestaciones de esta garantía son la presunción del conocimiento de la ley por parte de todos los habitantes; la prohibición de efecto retroactivo de la ley en perjuicio de las personas; la prescripción como medio extintivo de las obligaciones; entre muchas otras. Ahora bien, partiendo de esta idea, existe un poderoso mecanismo que permite al administrado salir de la penumbra de la incertidumbre cuando este haya realizado alguna solicitud de autorización y/o aprobación, y esta no le dé respuesta alguna. Se trata del instituto del Silencio Positivo, el cual encuentra sustento legal en el artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública, y que en efecto le permite al solicitante presumir que ante la inercia de la Administración para responder a la solicitud planteada, su solicitud se tenga por resuelta de manera positiva.

 

Ahora bien, se debe tomar en consideración que este instituto presuntivo únicamente opera en los casos exclusivamente previstos en la ley, de modo tal que la regla general es que cuando no haya respuesta por parte de la Administración, el silencio opere de forma negativa. Por su parte, la regla general es que el plazo que debe transcurrir para que se genere el silencio positivo es de un mes, contado desde el momento en el que se realice la solicitud. Es importante mencionar que el proceso que se debe seguir para consolidar el derecho obtenido en virtud de la aplicación del silencio positivo, lo encontramos regulado en el artículo 7 de la Ley 8220

 

Finalmente, tenga en cuenta que a la luz de lo establecido por la Sala Primera y Sala Constitucional, este instituto no puede ser aplicado en materia de dominio público ni materia ambiental, esto por estimarse que su nivel de importancia obedece a intereses supraindividuales y que además son de relevancia constitucional.

 

Lic. Oscar Andrés López Hernández

Abogado

López & Valverde Abogados

Por Noticias Fortuna CR

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