Costa Rica busca modernizar la regulación de frecuencias de Radio y Televisión
Se busca garantizar la diversidad de contenidos, la libre competencia y la libertad de expresión en los medios.
San José, 23 de mayo de 2024 – La Defensoría de los Habitantes ha expresado su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para la «Reforma Parcial al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones». Este proyecto busca ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito. Además, se propone adicionar un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET.
La Defensoría considera que el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para contar con estudios técnicos y requerimientos adecuados en tiempo para llevar a cabo la ampliación y elaborar los carteles para los concursos de adjudicación de las concesiones antes de su vencimiento en junio de este año.
En cuanto al fondo del asunto, la Defensoría sostiene que el reglamento vigente ya estableció un procedimiento para ampliar las concesiones por un plazo que no supere los 25 años, otorgando el derecho a los concesionarios que hayan solicitado prórroga en cumplimiento del artículo 33 del Reglamento. Sin embargo, la Administración no ha justificado adecuadamente el plazo de un año para la ampliación, lo que podría afectar los derechos de los concesionarios que han solicitado la prórroga a tiempo.
La discusión actual se ha centrado en temas de prórroga y cánones, pero la Defensoría advierte que Costa Rica carece de un marco regulatorio integral en relación con las frecuencias de radio y televisión. Se hace un llamado urgente a las autoridades para aprovechar el tiempo restante y adoptar una nueva ley que regule estos temas con criterios actualizados y razonables.
De continuar con la línea actual, Costa Rica podría quedar nuevamente atada a concesiones por 25 años sin considerar los cambios tecnológicos y legales. Es fundamental que el país se dé un plazo razonable para adoptar una nueva ley que incorpore criterios modernos y garantice derechos fundamentales en el ámbito de la radiodifusión.
