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Urge Mayor Inversión para Combatir la Violencia contra las Mujeres en Costa Rica

Costa Rica urge mayor inversión para combatir la violencia contra las mujeres.

San José, 31 de mayo del 2024— La Defensoría de los Habitantes ha emitido un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que destine recursos adecuados a las instituciones públicas con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva la creciente violencia contra las mujeres. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, incluyendo 18 femicidios. En lo que va de este año, la tendencia al alza continúa, con más mujeres siendo asesinadas por sus compañeros en circunstancias que reflejan crueldad y desprecio por sus vidas, así como indiferencia ante el impacto en sus familias y sus hijos e hijas.

La Defensoría advierte que la prevención ha sido insuficiente y que la efectividad en la atención y la justiciabilidad es limitada. La violencia hacia las mujeres, así como hacia niñas y adolescentes, es prevenible y requiere esfuerzos significativos para abordarla de manera integral.

A pesar de la emisión de nuevas disposiciones y protocolos, las metas de las instituciones resultan insuficientes en comparación con la magnitud del problema. Los recursos presupuestarios disponibles para la coordinación interinstitucional e intersectorial son limitados en términos de material, personal, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad.

Un ejemplo relevante es la Estrategia de Atención Itinerante establecida bajo el liderazgo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Esta estrategia busca brindar servicios especializados a mujeres afectadas por la violencia en comunidades de difícil acceso. Sin embargo, su implementación depende en gran medida de la disposición y capacidad personal de funcionarios y funcionarias, quienes requieren con urgencia recursos presupuestarios adecuados.

Recientemente, un grupo de diputadas de la Asamblea Legislativa instó al Poder Ejecutivo a explorar todas las alternativas posibles para aumentar la inversión en prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Entre estas alternativas se encuentra la posibilidad de levantar la regla fiscal para las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar. Además, se deben considerar las oportunidades derivadas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N° 9635), como la cesión entre instituciones para garantizar el crecimiento necesario en el gasto corriente.

La Defensoría ha solicitado al presidente de la República que presente un informe detallado sobre las acciones que se tomarán para dotar de los recursos presupuestarios necesarios, priorizando esta inversión social y de seguridad, así como los mecanismos para su pronta ejecución.

Por Noticias Fortuna CR

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