Gobierno propone ampliación de Concesiones de Radiodifusión: Invita a consulta pública
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El Gobierno ha sometido a consulta pública un decreto reglamentario que busca ampliar el plazo de las concesiones administrativas para el servicio de radiodifusión sonora y televisiva. El decreto tiene como objetivo proteger la continuidad del servicio a favor de los usuarios finales y brindar a los concesionarios la posibilidad de planificar su operación con seguridad jurídica.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) ha abierto un plazo de diez días hábiles para recibir observaciones sobre el texto propuesto del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET, que propone una reforma parcial del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones.
La propuesta surge en respuesta al inminente vencimiento de todos los títulos habilitantes de concesión administrativa para la prestación del servicio de radiodifusión de acceso libre y gratuito, conforme a las disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 31608-G “Reglamento de Radiocomunicaciones”, cuyo vencimiento es el 28 de junio de 2024.
Actualmente, la Sutel se encuentra imposibilitada para completar los estudios técnicos de necesidad y factibilidad, tal y como lo solicitó el MICITT mediante oficio Nº MICITT-DVT-OF-117-2024, de fecha 16 de febrero de 2024. Esto con la finalidad de que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones correspondientes para la asignación de espectro radioeléctrico en el servicio de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito.
La asignación del espectro radioeléctrico, un bien público de la Nación para servicios de telecomunicaciones, es una actividad privada de interés público. Este servicio, por su valor informativo, cultural y recreativo, constituye un pilar para nuestra democracia al promover la libertad de pensamiento y expresión.
Esta medida corresponde a los esfuerzos y acciones que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo para garantizar el derecho fundamental de acceso a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones (artículo 24 de la Constitución Política), y a la continuidad de los servicios referidos.
Una vez concluida la etapa de consulta pública, se procederá con el análisis de las observaciones recibidas como parte del procedimiento para su firma y publicación posterior.
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